La portavoz del GPP, Cristina Maiso, ha insistido en la necesidad de solucionar los diferentes problemas que afectan a los facultativos de nuestro país, agravados desde que gobierna el PSOE. “El ministerio de Sanidad, lejos de buscar soluciones a la confrontación y al rechazo generados por su oferta, ha optado por avivar la tensión al no prestar la atención necesaria a las demandas planteadas por los médicos, a quienes llegó a acusar de ir a la huelga por motivos políticos”.
“En el Partido Popular consideramos a los profesionales sanitarios como el eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud y del Estado del Bienestar”, ha afirmado la portavoz, “por lo que instamos al Gobierno de España a trabajar, desde la coordinación real y efectiva con los representantes de los profesionales sanitarios y el consenso pleno con las comunidades autónomas, para practicar la necesaria escucha activa y demostrar predisposición a la cooperación para solucionar la crispación y consensuar con todas las partes implicadas un nuevo estatuto marco que de verdad aporte soluciones a las necesidades actuales y futuras”.
La PNLP del Grupo Popular propone impulsar un nuevo sistema de financiación autonómica con un apartado sanitario específico que garantice cuantos recursos sean necesarios para asegurar una asistencia de calidad, cohesionada, equitativa, segura y sostenible en todo el Sistema Nacional de Salud. La creación de una mesa de diálogo y representación con carácter nacional y autonómico en la que se reconozca la singularidad, la formación y la responsabilidad de los médicos.
Abordar una clasificación profesional que ponga en valor la formación, la capacitación y las responsabilidades que ejercen los médicos en el desempeño de sus funciones, que diferencie y reconozca la labor del facultativo; y presentar un nuevo modelo de planificación de recursos humanos que adapte las plantillas del Sistema Nacional de Salud a las necesidades sociodemográficas y epidemiológicas cambiantes, prestando especial atención a Atención Primaria de la Salud, donde el déficit actual reconocido por el Ministerio de Sanidad es de 4.500 especialistas que llegará a 5.000 en 2029, son otras demandas incluidas en la iniciativa.
Además, el GPP aboga por aumentar las plantillas actuales de médicos del Sistema Nacional de Salud en un 15% para posibilitar menos guardias, mejor conciliación y una reducción real de la jornada laboral; realizar una oferta MIR dinámica y proporcional a las necesidades existentes, con un crecimiento anual de plazas sostenido y un sistema de evaluación que no repita el caos que los aspirantes están viviendo este año y flexibilizar los criterios de acreditación de las unidades docentes, priorizando las especialidades más presionadas como Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría, tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria.
Daños causados por el lobo
Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Begoña Martínez Arregui, ha defendido la Proposición No de Ley que insta al Gobierno de España a cumplir con lo acordado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del 28 de julio de 2022 y transferir de manera inmediata a las comunidades autónomas la totalidad de las partidas presupuestarias previstas para la compensación de los daños producidos por el lobo al ganado y para financiar medidas preventivas, evitando su desvío hacia otro tipo de programas.
Tras ofrecer un pormenorizado repaso cronológico de la evolución de las diferentes normativas al respecto, tanto de la española como de la europea, y subrayar que, durante esta legislatura, “el Gobierno de La Rioja ha aumentado las ayudas a los ganaderos y ha elevado las indemnizaciones por reses heridas o muertas”, Arregui ha criticado que “el Gobierno central socialista ha eliminado los fondos asignados a pagar los estragos del lobo y los ha transferido al programa que impulsa la compra de coches eléctricos, es decir, que los ha desviado del fin específico para el que fueron aprobados”.
La portavoz adjunta ha afeado al Gobierno de España no haber enviado a Bruselas el informe sexenal que evalúa el estado de conservación de especies y hábitats de interés comunitario, entre ellas, el lobo, “lo que motivó la apertura de un expediente a nuestro país. Y como el Gobierno de España eludió su obligación, tuvieron que ser los gobiernos de siete comunidades afectadas por los ataques del lobo, el de La Rioja entre ellos, los que enviaron en febrero de este año a la Comisaria Europea de Medio Ambiente el informe sexenal sobre el estado de conservación favorable del lobo en España”.
Ante esta situación, Martínez Arregui asegura que “suprimir las ayudas por los daños causados por el lobo es un castigo a las comunidades gobernadas por el Partido Popular”. Mientras tanto, el último censo de La Rioja confirma la expansión del lobo con seis manadas, 7 lobos solitarios, con una estimación de entre 33 y 71 ejemplares, y presencia en 56 municipios. El incremento de lobos ha sido de un 50% y su presencia en los pueblos se ha multiplicado por cinco. También han aumentado los ataques, que durante los primeros meses de este año han superado las 100 reses muertas.
“Pedimos al Gobierno de España -ha concluido Arregui- que cumpla con lo acordado y transfiera de manera inmediata todas las partidas presupuestarias previstas para la compensación de los daños producidos por el lobo. Desviar los 20 millones de euros presupuestados a los coches eléctricos -ha concluido Arregui- es un ejemplo más de la fijación que Pedro Sánchez tiene contra los ganaderos, pero desde el PP de La Rioja vamos a pelear para intentar que no se salga con la suya”.
