El Parlamento de La Rioja ha aprobado una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular a través de la cual insta al Ejecutivo regional a pedir al Gobierno de España que derogue la implantación de la tasa de residuos en todos los municipios, respetar la autonomía municipal, reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos y realizar un estudio pormenorizado del impacto que permita definir el coste por servicio.
El diputado Sergio Álvarez ha sido el encargado de defender la iniciativa, subrayando el hecho de que “la Directiva Europea de Residuos pretende objetivos muy loables, pero no impone la obligatoriedad de establecer tasas de residuos o su actualización, una decisión que queda en manos de los estados miembros”. En este sentido, ha criticado que “es el Gobierno central el que ha optado por la solución más fácil para ellos, pero la más dura para los ciudadanos, como es imponer un aumento de la tasa sin considerar ni tener en cuenta el impacto real que tendrá en los hogares, en las empresas y en las economías locales”.
El también alcalde de Igea se ha preguntado “cómo vamos a explicar a nuestros vecinos que les tenemos que cobrar más por el mismo servicio” y “por qué no podemos decidir los ayuntamientos cómo aplicar las tasas que son de nuestra competencia”. Por ello ha censurado una ley “que nos obliga a repercutir el coste total de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, sin tan siquiera permitir que el municipio apoye a sus contribuyentes asumiendo parte de ese coste”.
Álvarez considera que la ley “nos deja en una situación de inseguridad jurídica por su indefinición y falta de rigor técnico”, y tampoco detalla cómo debe aplicarse, “lo que dará lugar a diferentes interpretaciones a la hora de ponerla en práctica”. En su opinión, la ley “debería haber sido menos ambigua para facilitar las cosas a los ayuntamientos”, por lo que ha solicitado “derogar la obligatoriedad de implantar la tasa con el 100% de los costes para que el Gobierno de Sánchez deje de atacar nuestro bolsillo, ya que la directiva europea no lo impone”.
El diputado del Grupo Popular ha pedido “respetar la autonomía municipal relativa a sus propios tributos, realizar un estudio del impacto que permita definir el coste del servicio y poner en marcha un plan nacional de infraestructuras para poder cumplir con los objetivos de la directiva europea ante la inacción del Gobierno de España”, al que le ha solicitado ayuda “para que los ayuntamientos sufraguen campañas de comunicación que incentiven la separación de residuos y el reciclaje, para así lograr los objetivos de esta ley, que son la sensibilización y la educación, ambas cuestiones primordiales”, ha concluido.
