El Pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado en su sesión plenaria de hoy, jueves, una moción del Partido Popular para estudiar la incidencia del Covid-19 en las zonas básicas de salud de nuestra Comunidad. En este sentido, la Cámara ha aprobado por unanimidad, impulsar una estrategia autonómica de producción y adquisición de las distintas pruebas diagnósticas, EPI, respiradores y demás productos necesarios para poder adecuadamente afrontar nuevos brotes de esta pandemia u otras futuras pandemias.
A su vez, se ha aprobado la puesta en marcha de una reserva autonómica estratégica para pandemias, así como la creación de protocolos sociosanitarios para el cuidado y la asistencia sanitaria de los centros de mayores.
Por el contrario, los votos del PSOE y de IU han impedido que se aprobara la realización de test masivos a todos los riojanos, en especial a los trabajadores de colectivos esenciales, tal y como proponía el Grupo Popular. Tampoco ha prosperado la propuesta de aprobar ayudas necesarias para que se pueda cumplir con la obligación del uso obligatorio de mascarillas.
La Diputada Autonómica del Partido Popular, María Martín, ha defendido esta iniciativa en relación a la “más que mejorable” gestión de la pandemia del Covid-19 en España y en La Rioja. “Por mucho que lo quieran disfrazar, la gestión ha sido muy deficiente”, ha señalado.
“España está a la cabeza del mundo, y La Rioja a la cabeza de España, en incidencia, letalidad, en fallecidos por número de habitantes, en tasa de hospitalizaciones, en ingresos en UCI. Si el triunfo es que La Rioja ha hecho más test en función de su población, lo que hay que plantearse es qué ha fallado, porque no se ha contenido ni el contagio ni la mortalidad, que es la razón de hacer esos test masivos. Se trata de que no mueran los que se contagian”, ha asegurado.
“Los riojanos se merecen un Gobierno que no les mienta y que cambia de criterio siete veces sobre las cifras o protocolos, eso sólo genera desconfianza”, ha señalado.
María Martín ha trasladado a los sanitarios todo el apoyo de esta formación política y ha mostrado su repulsa por las recientes agresiones sufridas.
RESPETO A LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO
Por otro lado, la Cámara Regional ha rechazado, con el voto en contra del PSOE e IU, la otra moción del Grupo Popular en el orden del día para modificar las ratios mínimas aprobadas para la enseñanza concertada, fijando unas nuevas que ofrezcan más margen y revocando la decisión de eliminar unidades en el curso 2020-2021.
El Portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, encargado de defender la iniciativa, ha denunciado el hachazo que supone para la concertada esta decisión del Gobierno de Concha Andreu que no se sostiene “en magnitudes coherentes y comparables”. Así, ha reprochado al Consejero de Educación, Luis Cacho, que suba la ratio “para perjudicar a terceros”, a la vez que ha recordado que “la pública y concertada, en términos de ratio media, ya están equiparadas, con la concertada por encima en número de alumnos en Infantil, Primaria o ESO, por lo que le ha invitado a recapacitar y no huir del consenso”.
Durante su intervención, Jesús Ángel Garrido ha interpelado a Luis Cacho acerca de sus declaraciones en las que lamentaba el “saqueo” de la educación pública realizada durante los gobiernos del Partido Popular. En este sentido, le ha preguntado si incluye en esa apreciación los más de 172.000 euros de dinero público que recibió la Fundación Promete, de la que fue Presidente, en varios ejercicios.
“Queremos que se respete la capacidad de elección de cada uno, no imponer, que es diferente. El Partido Popular no está en el discurso pública contra la concertada. Apostamos por la libertad”, ha apuntado Garrido.
“El coste por alumno, con los propios datos del Gobierno de La Rioja, es sensiblemente inferior en la concertada que en la pública. En Infantil y Primaria, 4.425 € por término medio en el caso de la pública y 2.717 € en la concertada. En ESO y Bachillerato, 6.840 € en la pública y 3.543 € en la concertada”, ha recordado. También ha desmontado el argumento de que la pasada legislatura se favoreció a la concertada en detrimento de la pública, “en los últimos cuatro años, 27 nuevas unidades en la pública por 18 en la concertada”.
