Ante las afirmaciones realizadas hoy, día 20, el Partido Popular de La Rioja subraya que el análisis del Tribunal de Cuentas confirma la información que ya ha transmitido el Gobierno de La Rioja sobre el aparcamiento del CIBIR.
En este sentido, el informe del Tribunal de Cuentas reitera y confirma la información que desde el Gobierno de La Rioja se ha transmitido ya sobre el aparcamiento del CIBIR a los riojanos. El informe presentado por este organismo hace hincapié en la evolución de los acuerdos, los contratos y las obligaciones contraídas desde 2010 hasta la actualidad, dando cuenta de las obligaciones contraídas y del cumplimiento de todos los extremos acordados.
Tanto en las comparecencias a petición propia de la Consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Martín, en el Parlamento Regional, como en las diferentes comparecencias que, posteriormente, ha solicitado la comisión creada al efecto por todos los grupos parlamentarios, los consejeros de Salud y Hacienda han dado explicaciones sobre todas estas cuestiones y han emplazado a un acuerdo con la empresa la resolución de la actual situación.
Así, hay que subrayar que el Gobierno de La Rioja ha sido consciente a lo largo de los dos últimos años de las obligaciones contraídas con anterioridad y ha procedido al cumplimiento de las mismas. Si bien, en todo momento ha planteado la resolución del conflicto de la manera más beneficiosa posible para todos los ciudadanos.
En ese contexto, el Partido Popular de La Rioja considera que deben retomarse las negociaciones con la empresa concesionaria para dar un contexto real a un contrato que se firmó en 2010, que fijaba las condiciones de explotación del estacionamiento del CIBIR en régimen de concesión para 40 años abonando la empresa concesionaria algo más de 9 millones de euros en concepto del canon del aparcamiento y con el requisito de garantizar una ocupación mínima del 22%.
Para esta formación política, ante la evidencia de que las condiciones que marcaron dicho acuerdo no se han cumplido por diversas circunstancias, se impone la necesidad de abordar un nuevo marco negociador que permita por un lado mantener la legalidad dentro de la Administración, pero a la vez facilitar la prestación de un servicio de carácter no sanitario a todos los ciudadanos.
