El Consejo Consultivo de La Rioja ha hecho público un dictamen que concluye que el Gobierno socialista de Concha Andreu, a través de la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje, concedió una subvención encubierta para poner en marcha el puerto seco del polígono El Sequero.
La institución, presidida por el expresidente socialista José Ignacio Pérez Pérez, dictamina que “la actuación de la Fundación implica en su conjunto la concesión de una subvención en especie sin respetar las reglas de la Ley General de Subvenciones”. Es decir, que hubo una mala gestión de los fondos públicos, como así recoge también una de las conclusiones de la auditoría realizada por KPMG, que certifica al menos tres incumplimientos graves de tres normativas: de la ley de contratos, de subvenciones públicas y de ayudas europeas, por lo que el caso ha sido enviado al Tribunal de Cuentas por si pudiera haber responsabilidades.
La conclusión del Consejo coincide con la de la auditoría externa encargada por el Gobierno regional del Partido Popular a la firma KPMG para dilucidar si hubo incumplimientos legales en otro de los proyectos estrella del Ejecutivo socialista de Concha Andreu, que a través de la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje aportó 3,6 millones de euros de forma irregular a una iniciativa privada cuyo proyecto fue declarado de interés estratégico regional: el acuerdo firmado con la empresa Royo para poner en marcha el Centro Logístico Intermodal de La Rioja.
El PP valora muy positivamente el esfuerzo del Gobierno riojano por corregir las irregularidades detectadas y apoyar, al mismo tiempo, el proyecto empresarial
Esta resolución no hace sino dejar en evidencia al PSOE, que en cuanto supo del encargo de la referida auditoría se apresuró a descalificarla poniendo en tela de juicio su imparcialidad o el destino de dinero público para tal fin. Algo que, como en otras muchas ocasiones, ha servido para certificar la mala gestión del anterior Ejecutivo de Concha Andreu.
Una vez más, el PSOE de La Rioja queda en evidencia y sus endebles argumentos desmontados. Esta no es “una auditoria de parte”, es un dictamen del Órgano Consultivo Superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Los riojanos se merecen, además de disculpas por quedar acreditada una gestión en contra de los intereses de los riojanos, explicaciones. Los responsables de esta negligente gestión, empezando por Concha Andreu y siguiendo por José Ángel Lacalzada, no deberían esperar ni un minuto para asumir de una vez por todas sus responsabilidades.
A pesar de esa irregular actuación, el Gobierno regional del Partido Popular ya está buscando, junto a la empresa afectada, una solución satisfactoria para todas las partes implicadas en este controvertido asunto, con el objetivo de reconducir un proyecto empresarial legítimo y beneficioso para el desarrollo económico de la región.
