El PSOE de La Rioja se obstina en defender una financiación singular para Cataluña que dinamita las bases del estado de bienestar.
La principal y más demoledora conclusión del informe presentado este lunes por el Colegio de Economistas asegura que el cupo catalán mermaría de 244 a 305 millones de euros los ingresos anuales de La Rioja, en función de los escenarios macroeconómicos contemplados por los expertos. En cualquiera de los dos supuestos, la prestación de servicios esenciales como la Educación, la Sanidad o la Dependencia quedaría seriamente comprometida.
Produce sonrojo que el portavoz socialista cuestione un informe objetivo elaborado por prestigiosos economistas.
A pesar de ello, el Partido Socialista de La Rioja continúa defendiendo esa financiación a la carta con argumentos y singularidades estatutarias que nada tienen que ver con el trato preferente del Gobierno central a Cataluña, y que no hacen sino evidenciar que Javier García antepone su interés político a la defensa de los riojanos. Lo mismo sucede con el resto de los socialistas riojanos, que demuestran su falta de autonomía en un asunto de suma importancia para la pervivencia del estado autonómico tal y como lo conocemos, al mostrar su apoyo incondicional a una financiación singular que es a todas luces inconstitucional.
La Carta Magna es bien clara al respecto. En materia de financiación establece dos modelos: el foral y el régimen común. En el primero estarían Navarra y el País Vasco, y en el segundo, todas las demás regiones. Por lo que si el Estado reconoce a Cataluña de forma bilateral la máxima capacidad y la decisión sobre el cien por cien de los impuestos que recauda, quedarán rotos, definitivamente, los principios de igualdad y solidaridad entre españoles que recoge nuestra Constitución.
Cuando García, en un evidente y forzado ejercicio de contorsionismo político, apela al artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía para justificar la ‘singularidad’ de La Rioja, parece haber olvidado que fue un Gobierno del PP el que recurrió por primera vez a esa distinción para que el Gobierno central financiara costosas infraestructuras como Riojafórum. Pero lo hizo amparándose en la figura legal que posibilitó dicha singularidad como salvaguarda frente a los privilegios de los regímenes forales y para compensar sus consecuencias, no como argumento para romper las reglas del juego y los principios básicos de la financiación territorial, que es, precisamente, lo que ahora pretende el PSOE.
Por ello, desde el Partido Popular apelamos a toda la sociedad riojana, los grupos parlamentarios y los agentes económicos y sociales, para aunar voluntades y evitar el “perjuicio irreparable” que, según los economistas, supondría la financiación singular catalana. Por tanto, respaldaremos cuantas acciones impulse el Gobierno de La Rioja para impedir una financiación que supondría ceder 15.000 millones de euros a una sola comunidad autónoma. Cesión que, además de quebrar los principios de igualdad y solidaridad entre regiones, supondría también transferir recursos de las comunidades menos prósperas a las autonomías que más lo son, como es el caso de Cataluña.
Lo que de verdad necesita nuestro país en materia de financiación no es un pacto singular cuyo principal objetivo es mantener al PSOE en el poder a costa del bolsillo de todos los contribuyentes, sino un nuevo sistema para todas las comunidades autónomas, que parta de esos principios de igualdad y solidaridad interterritorial y que permita tener la misma financiación autonómica para facilitar la prestación de servicios públicos en todos los lugares de España.
De ahí que el Partido Popular haya sido especialmente reivindicativo durante los últimos meses a la hora de solicitar al Ejecutivo la convocatoria de los dos órganos habilitados para abordar cuestiones de financiación autonómica: el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes. No las negociaciones bilaterales que ha mantenido Pedro Sánchez con el independentismo catalán desde el comienzo de la actual legislatura, con el único propósito de seguir en la Moncloa y situar a Salvador Illa al frente de la Generalidad.
