Como ya hiciera esta semana el Gobierno regional, los senadores y diputados riojanos del Partido Popular y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han exigido al ministerio de Sanidad la urgente resolución del grave problema generado con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), como consecuencia de la incompetente e irresponsable gestión del Ejecutivo central socialista, que podría provocar el colapso del sistema público sanitario en las CCAA.
Los senadores Mar San Martín, Luis Martínez Portillo y Mar Cotelo han mantenido un encuentro este jueves en la sede regional del PP con el presidente y la secretaria de organización de la CSIF, para conocer de primera mano la situación y trasladar su apoyo a los trabajadores públicos.
“El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en jaque un modelo que lleva funcionando 50 años y que en La Rioja afecta a 10.500 funcionarios”, ha censurado Mar San Martín, quien ha explicado que desde el Grupo Parlamentario Popular “hemos formulado preguntas en el Senado y el Congreso, aún sin contestar, y solicitado las comparecencias de los ministros Óscar López y Mónica García para que den explicaciones”. En su opinión “el Gobierno del PSOE está generando incertidumbre y preocupación en los funcionarios y el ámbito sanitario, debido al temor a que la sanidad pública, ya de por sí muy tensionada, tenga que absorber de improviso la atención sanitaria de 1,5 millones de personas”.
La senadora considera que la titular de Sanidad “busca acabar con el modelo de Muface por motivos exclusivamente políticos, al insistir en sede parlamentaria en que la sanidad pública es la adecuada para absorber al colectivo de funcionarios. Mientras tanto -ha añadido la parlamentaria- Oscar López, ministro al que le corresponde la nueva licitación, está más preocupado de su propia campaña promocional en la Comunidad de Madrid que en dedicarse a los problemas de su ministerio. No es de recibo que, conociendo la complejidad de este proceso, no iniciara una licitación con tiempo y garantías suficientes”.
San Martín ha mostrado su preocupación por que los funcionarios “solo tienen garantizada su atención sanitaria hasta el 31 de diciembre y ya están sufriendo las consecuencias derivadas de la grave irresponsabilidad del Gobierno”. Un Ejecutivo que pretende hacer desaparecer Muface a partir de un controvertido informe de Sanidad que aboga por su eliminación y el traspaso al sistema público de salud de millón y medio de funcionarios. Circunstancia que saturará las listas de espera quirúrgica y de Atención Primaria en toda España.
En este sentido, San Martín ha recordado que la asociación que agrupa a más de 50 colectivos y sindicatos de trabajadores públicos, ‘Fedeca’, “asegura que las listas de espera aumentarían en un 266% en el caso de las consultas externas y un 115% en las intervenciones quirúrgicas. Además, ‘ASPE’, la patronal de la sanidad privada, recuerda que el Estado se ahorra 890 millones de euros al año con el modelo actual. Según su estimación, la desaparición de Muface implicaría un gasto extra de 1.000 millones por ejercicio, por lo que el ministerio carece de argumentos económicos para respaldar la supuesta insostenibilidad de este modelo, en el que el mutualista puede elegir entre la sanidad pública o la privada”.
Por su parte, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Jesús Vicente Hernández, ha agradecido el interés mostrado por los senadores del PP riojano y denunciado la “incertidumbre” que afecta a millón y medio de funcionarios “que todavía no saben qué atención sanitaria van a recibir a partir del próximo 31 de diciembre”.
“Hemos recibido centenares de quejas en las que se denuncia que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario”, ha lamentado el representante sindical, quien también ha alertado de que CSIF “ha constatado además que estas mismas clínicas están pidiendo a los funcionarios que se sufraguen ellos mismos los tratamientos si quieren ser atendidos. El Gobierno sabía desde hace tres años que el convenio con Muface finalizaba el 31 de diciembre de 2024, pero hasta última hora no ha mostrado ningún interés por una renovación que todavía está pendiente”, ha criticado el líder sindical.
Ante la gravedad de la situación, el Ejecutivo de Gonzalo Capellán, a propuesta de la consejería de Salud, también reclamaba esta misma semana al ministerio que asuma su responsabilidad y no traslade el problema a las comunidades autónomas.
De ahí que el Gobierno de La Rioja, consciente de la gravedad de un problema que podría comprometer la correcta prestación de unos servicios públicos sanitarios que han conseguido reducir a la mitad las listas de espera en La Rioja en poco más de un año, haya instado al Ejecutivo central a resolver la situación de manera inmediata y a respetar, a su vez, el derecho adquirido por los trabajadores públicos en 1975 para paliar la sobrecarga que registraba por aquel entonces la Seguridad Social.
