La delegada del Gobierno en La Rioja debe exigir al Gobierno de España que financie la mitad de la prestación a la dependencia en lugar de maquillar sus cifras oficiales. Beatriz Arraiz oculta la realidad, pero lo cierto es que la aportación del Estado a la red de atención de La Rioja no alcanza el 50% como establecen acuerdos de obligado cumplimiento
Así lo recogen el artículo 32 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia: “La aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado”, o un reciente acuerdo del Parlamento regional.
Beatriz Arraiz ha vuelto a cumplir fielmente su papel y ha aplaudido la muy deficiente gestión del Ejecutivo central maquillando sus cifras sociales, en lugar de exigirle que financie la mitad de la prestación a la dependencia, que es a lo que se comprometió el 4 de enero de 2024 el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tal y como se puede comprobar en la web del Ministerio: “La voluntad del Gobierno de España es lograr que la aportación del Estado a la financiación de la dependencia sea del 50%”.
Mes y medio después, el 23 de febrero, el ministro abundaba en esa promesa, si bien en esta ocasión circunscribiéndola a Cataluña. Así, sostenía que, a finales de la legislatura, en 2027, el Gobierno Central se haría cargo del 50% de la financiación de la dependencia en Cataluña, tal y como establece la legislación, aseguró en un acto en el Colegio de Economistas en Barcelona.
Más de 14 meses después de esas promesas, nada se ha avanzado en una cuestión capital y estratégica para nuestra comunidad, y son el resto de administraciones, la autonómica y la local, quienes continúan soportando una tensión financiera extraordinaria e impropia, ya que no les corresponde por Ley.
Un incumplimiento flagrante y poco sorprendente, a tenor de lo firmado por el propio Sánchez en noviembre de 2023 en alguno de los pactos que propiciaron su investidura como presidente, como ocurrió con los acuerdos rubricados con el BNG donde se puede leer: “El gobierno adquiere el compromiso de aportar el 50% que corresponde a la AGE para la financiación de las actuaciones de la Ley de Dependencia”. O con el PNV: “Se abonará por parte del Estado a la CAV el 50% del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia y su desarrollo”. Es el propio Sánchez quien desmiente a Beatriz Arraiz.
Lo que no puede ocultar la delegada del Gobierno es que desde que gobierna el PSOE en España, La Rioja ha aportado casi 485 millones de euros a programas de dependencia, mientras que el Estado sólo ha destinado 112 millones a tal fin.
Mientras la delegada del Gobierno prima por encima de cualquier otra cuestión los dictados del Ejecutivo central socialista, el Gobierno regional del Partido Popular dedica todos sus esfuerzos a seguir trabajando para mejorar la prestación de servicios sociales a los riojanos. Así lo certifican los datos publicados recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales, que aseguran que la nuestra es la comunidad autónoma que menos tarda de toda España en valorar la dependencia, 56 días, frente a los 212 de la media nacional.
