La Ley de Simplificación Administrativa impulsada por el Gobierno de La Rioja continúa su tramitación ordinaria en el Parlamento regional, una vez que ha sido rechazada la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Podemos-Izquierda Unida, con los votos del Grupo Popular, Socialista y VOX.
La portavoz adjunta del GPP, Begoña M. Arregui, se ha referido al proyecto de ley como una norma “que facilita la vida a la gente; que lleva al compromiso de que la administración riojana sea más ágil, eficiente y moderna sin rebajar los controles públicos ni las garantías legales; que beneficia especialmente a los autónomos, pequeñas y medianas empresas y profesionales al reducir las cargas y los trámites para que puedan competir en igualdad de condiciones, y que aspira a que las leyes que apruebe este Parlamento y los decretos y reglamentos que apruebe el Gobierno regional tengan más calidad y sean más claros”.
La diputada del PP ha reprochado a la portavoz de IU que su rechazo a este proyecto de ley “no es más que por sesgo ideológico, ya que sus argumentos evidencian que usted no reconoce ni valora la aportación económica y social de la iniciativa privada ni la de los colegios profesionales ni el trabajo de consultoría o el de las gestorías”.
Martínez Arregui ha argumentado que “el efecto de aprobar su enmienda sería perverso porque excluiría a los operadores económicos más pequeños que no pueden hacer frente a un exceso de burocracia o de requisitos y perpetuaría las trabas, que no los controles, que afrontan muchos riojanos”.
Tras desmontar, uno a uno y con argumentos de peso, los fundamentos de la enmienda a la totalidad en aspectos concretos referidos al modelo de administración, el control público, la protección de bienes colectivos, la vigilancia legal y administrativa, las entidades colaboradoras de certificación, el supuesto dumping regulatorio y la participación, la portavoz adjunta del GPP ha indicado que los temores de IU respecto de la Ley de Simplificación Administrativa “ni están fundados ni se corresponden con el texto del proyecto, sino que son fruto de su interés por polarizar con cualquier cosa, hasta con una ley que introduce novedades en el ámbito organizativo, simplifica los procedimientos para que haya menos cargas para el ciudadano y mejora la calidad normativa”.
Entre las mejoras que introduce la ley, Arregui ha referido la colaboración con las organizaciones sindicales, sociales, profesionales y empresariales “para identificar y reducir las cargas administrativas y explorar vías de mejora”; el cambio del sentido del silencio administrativo, “que en todos los procedimientos iniciados por el interesado se entenderá estimatorio”; en el marco de los principios de la unidad de mercado, “todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en La Rioja”; en digitalización, “mejorará la organización de la Carpeta ciudadana y su integración con la del Estado”; y sobre la calidad normativa, “solo se aprobarán las iniciativas normativas que sean necesarias y que respondan a un análisis previo riguroso desde todos los ángulos”.
“En definitiva -ha resumido la diputada- la simplificación administrativa y la mejora en la calidad de las normas supondrá un cambio en el funcionamiento de la Administración, exigirá la implicación y colaboración de todos los niveles de la organización, mejorará la participación de los trabajadores directamente implicados y se contará, cuando sea preciso, con las organizaciones sociales y empresariales”.
En este sentido, ha subrayado que la nueva ley es necesaria “porque la burocracia actual castiga más al pequeño. Mientras que las grandes empresas tienen departamentos legales para sortear regulaciones complejas, el exceso de trámites ahoga al autónomo y a la pyme”. También ha incidido en que “es preciso que la actividad económica continúe y no se paralice mientras la Administración inspecciona y vigila, porque el exceso de regulación y la lentitud burocrática son una de las debilidades estructurales más acusadas del entorno empresarial español”, ha señalado citando fuentes de FUNCAS.
“Cada mes que un proyecto se detiene por falta de una licencia, se pierden empleos y competitividad y se encarecen servicios básicos”, ha explicado Arregui. “Pero gracias a esta nueva norma -ha concluido- los funcionarios serán más eficaces, la Administración y la calidad del servicio al ciudadano serán mejores, se reducirá el margen de discrecionalidad y se contará con más recursos, en beneficio del ciudadano. Porque la administración debe estar al servicio de la gente, no convertirse en un obstáculo”.
