Ambas iniciativas han sido presentadas este miércoles por la portavoz del GPP, Cristina Maiso, y la portavoz adjunta, Begoña Martínez Arregui. La primera ha descrito a los profesionales sanitarios como “el principal activo del Sistema Nacional de Salud. A pesar de ello -ha lamentado Maiso- la ordenación profesional es uno de los ámbitos que acumula mayores deficiencias por parte del ministerio de Sanidad desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 y, especialmente, desde que en noviembre de 2023 nombró ministra a Mónica García”.
Maiso ha enumerado algunas de las principales carencias de la profesión médica que se concretan en la demanda de un nuevo Estatuto Marco ante el que el Gobierno central socialista parece no estar dispuesto a negociar. “Como consecuencia de esta situación -ha indicado la portavoz- la huelga de la profesión médica ha supuesto para La Rioja 8.980 consultas canceladas, 49operaciones suspendidas y 200 pruebas diagnósticas aplazadas. A pesar de ello, en el Consejo Interterritorial de Salud previsto para este viernes no se abordará la huelga de médicos pese a que se lo han solicitado comunidades autónomas de todo color político. Es decir, que habrá que esperar a después de Semana Santa, al 9 de abril, para hablar de ello en un Pleno del Consejo Interterritorial”, ha lamentado Maiso.
Ante esta situación, y a través de la PNLP que mañana defenderá el Grupo Popular en el pleno del Parlamento, “instamos al Gobierno de España a trabajar desde la coordinación real y efectiva con los representantes de los profesionales sanitarios y el consenso pleno con las CCAA a impulsar un nuevo sistema de financiación autonómica con un apartado específico que garantice los recursos necesarios para asegurar una asistencia de calidad”.
Presentar un nuevo modelo de planificación de recursos humanos que adapte las plantillas del SNS a las necesidades sociodemográficas y epidemiológicas cambiantes; aumentar las plantillas actuales de médicos del Sistema Nacional de Salud en un 15% para posibilitar menos guardias, mejor conciliación y una reducción real de la jornada laboral; Realizar una oferta MIR dinámica y proporcional a las necesidades existentes y flexibilizar los criterios de acreditación de las unidades docentes, priorizando las especialidades más presionadas como Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría, tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria, son otras de las demandas incluidas en la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Ayudas por los daños causados por el lobo
El GPP también pedirá en el pleno de mañana al Gobierno de España que transfiera a La Rioja de forma inmediata los fondos por daños del lobo. En opinión de Begoña Martínez Arregui, “Pedro Sánchez ha castigado a los ganaderos quitando el dinero para pagar los ataques del lobo y desviándolo a los coches eléctricos. Y suprimir esas ayudas por daños es una venganza contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP”.
La portavoz adjunta ha ofrecido un repaso cronológico de la evolución de las diferentes normativas al respecto, tanto en España como en Europa, y ha recordado que, durante el primer año de inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, “los ataques al ganado crecieron un 47%, por lo que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó en 2022 un mecanismo de transferencia de fondos sobre daños por lobo que, sin embargo, no han llegado todos los años a las CCAA”.
Frente a esta situación, Arregui ha subrayado que, durante esta legislatura, y contando con esas partidas del Gobierno de España, “el Gobierno de La Rioja ha aumentado las ayudas a los ganaderos y ha elevado las indemnizaciones por reses heridas o muertas”.
La diputada ha explicado que el Gobierno de España debía haber enviado a Bruselas el informe sexenal que evalúa el estado de conservación de especies y hábitats de interés comunitario, entre ellas, el lobo, “pero no lo hizo, lo que motivó la apertura de un expediente a nuestro país. Y como el Gobierno eludió su obligación, tuvieron que ser los gobiernos de siete comunidades afectadas por los ataques del lobo, el de La Rioja entre ellos, los que enviaron en febrero de este año a la Comisaria Europea de Medio Ambiente el informe sexenal sobre el estado de conservación favorable del lobo en nuestro país”.
Arregui ha denunciado que “este mismo mes nos hemos enterado de lo que había hecho el Gobierno del PSOE, eliminar los fondos asignados a pagar los estragos del lobo, que ascendían a 20 millones de euros, y transferirlos al programa Moves III, que impulsa la compra de coches eléctricos, es decir, una desviación del fin específico para el que fueron aprobados”.
Ante esta situación, Martínez Arregui asegura que “suprimir las ayudas por los daños causados por el lobo es un castigo a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Por eso, en el pleno de mañana, el GPP va a pedir al Gobierno de España que cumpla con lo acordado y transfiera de manera inmediata la totalidad de las partidas presupuestarias previstas para la compensación de los daños producidos por el lobo. Desviar estos fondos a los coches eléctricos -ha concluido Arregui- es un ejemplo más de la fijación que Pedro Sánchez tiene contra los ganaderos, pero desde el PP de La Rioja vamos a pelear para intentar que no se salga con la suya”.
