El Parlamento de La Rioja ha respaldado mayoritariamente este jueves una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular para que los agricultores y ganaderos riojanos no pierdan la condición de explotación prioritaria cuando se jubilen y sigan activos.
La portavoz adjunta del GPP, Begoña M. Arregui, ha argumentado que la edad media de los titulares de las explotaciones agrarias en nuestra comunidad autónoma es de casi 60 años. “El 64% tiene 65 años o más, por lo que una parte muy significativa de las explotaciones que en estos momentos están activas en La Rioja están gestionadas por personas jubiladas”.
Frente a este dato, la diputada ha precisado que “solo el 11% están en manos de menores de 40 años, lo que denota un sector primario estructuralmente envejecido por una dinámica demográfica que afecta a toda España. Precisamente por ello pedimos que no se retire la condición de explotación prioritaria por razones de edad, porque la consecuencia que puede tener es que se acelere el abandono de las explotaciones y se dificulte el relevo generacional. Actualmente -ha apuntado Arregui- hay 1.443 explotaciones agrarias prioritarias en La Rioja, pero con la aplicación de este criterio, en cinco años se reducirían un 9,46%, y en diez años, un 28,46%”.
La diputada del Grupo Popular ha recordado que la Ley 19/1995 de 4 de julio de Modernización de las Explotaciones Agrarias “tiene como fin que las explotaciones que reúnan ciertos requisitos, obtengan de forma preferente beneficios, ayudas y otras medidas de fomento. Una norma que establece las exigencias para obtener la consideración de explotación prioritaria, una de las cuales especifica que el titular no haya alcanzado la edad ordinaria de jubilación conforme a la legislación de la Seguridad Social”.
Martínez Arregui ha lamentado que la ley “ha sido modificada en diez ocasiones y solo el año pasado se tocó el artículo que hace referencia a la edad de jubilación, pero sin resolver el problema de fondo, lo que demuestra que esta norma no se adapta a la realidad demográfica del sector agrario español y penaliza a muchos profesionales que continúan plenamente en activo pero que pierden automáticamente la condición de explotación prioritaria cuando alcanzan dicha edad de jubilación”.
La portavoz ha enumerado los perjuicios que supone para un agricultor o ganadero perder esta calificación cuando, paradójicamente, “la propia crisis que sufre el campo está condicionando que muchos agricultores que cumplen 65 años continúen con la actividad económica agraria. Porque cuando más se habla de la necesidad de frenar la pérdida de agricultores, de soberanía alimentaria, de relevo generacional y de la contribución de la agricultura y la ganadería al equilibrio territorial y la conservación de nuestros paisajes y ecosistemas, resulta que el Gobierno de España deja a su suerte, una vez más, a los agricultores y a los ganaderos al permitir una contradicción normativa que les penaliza”.
Tras precisar que la Seguridad Social permite compatibilizar, “cuando se opta por la jubilación activa, la actividad agraria con la obtención de pensiones contributivas, siempre que se mantenga la gestión activa de una explotación, o que incluso se puede seguir cobrando la PAC, Arregui ha lamentado que el ordenamiento jurídico español “aplica de forma restrictiva la edad como criterio automático para que agricultores y ganaderos pierdan la condición de explotación prioritaria cuando llegan a la edad de jubilación, aunque sigan trabajando”.
En este sentido, el GPP comparte la opinión de las principales organizaciones profesionales agrarias de que ningún agricultor o ganadero en activo puede perder la condición de explotación agraria prioritaria por el mero cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación mientras continúe ejerciendo su actividad profesional conforme a la legislación vigente. “Es el momento de reconocer que son precisamente los agricultores y ganaderos los que sostienen la actividad económica y social de nuestros pueblos, generan servicios asociados a su actividad y fijan población”, ha defendido Arregui desde la tribuna, antes de concluir su intervención afirmando que “excluirlos automáticamente del sistema de explotaciones prioritarias supone desperdiciar su conocimiento ancestral del campo, su formación práctica, el carácter familiar de las explotaciones y su papel clave en el mantenimiento del tejido rural y en la continuidad de la actividad del sector primario. Evitarlo es tan fácil como modificar una ley de hace 31 años para que no pierdan la condición de explotación agraria prioritaria mientras continúen desarrollando activamente su profesión y se produzca su jubilación efectiva”.
