El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto este jueves en el pleno de la Cámara riojana remitir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la propuesta de modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en la que el gobierno regional está trabajando actualmente junto con las tres Organizaciones Profesionales Agrarias riojanas, dirigida a que esta ley pueda dar cumplimiento a su objeto y su finalidad.
Esta petición se ha introducido como enmienda dentro de la Proposición no de Ley en pleno presentada por IU y, aprobada en esta sesión parlamentaria, con la que el Parlamento insta al Gobierno riojano a actuar de oficio, y de forma urgente, contra cualquier incumplimiento en la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, garantizando que los viticultores riojanos reciban siempre un precio por su uva por encima del coste de producción sancionando cuando no se cumpla esta condición.
La enmienda presentada por el GPP también hace hincapié en la revisión de los capítulos I, dedicado a los contratos, y al II, dirigido a las prácticas comerciales abusivas. “Pedimos que se se remita al Ministerio la propuesta de modificación porque es fundamental para el sector ya que lo que está reclamando es una revisión de la ley”, ha especificado la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Begoña Martínez Arregui.
La diputada ha asegurado en el pleno que el Gobierno de Gonzalo Capellán está trabajando en garantizar el funcionamiento de la cadena alimentaria, según ha expuesto, incrementando en un 300% las inspecciones de las relaciones comerciales respecto a la legislatura pasada y duplicando los controles.
“Está claro el compromiso y la responsabilidad del Gobierno de La Rioja respecto al cumplimiento de la ley. Se puede constatar con acciones como: la creación de una autoridad específica en el Área de Cadena Alimentaria y Estadística; la aprobación del plan de controles anuales; las revisiones de las relaciones comerciales que se van a inspeccionar 400; la colaboración en la revisión del código de buenas prácticas mercantiles del Ministerio que estaba sin actualizar desde 2015 o a través de jornadas técnicas. El cumplimiento de estas medidas es absoluto”, ha afirmado la portavoz.
En cualquier caso, la diputada ha explicado que es necesaria la revisión de la norma, “porque no ha sido eficaz según las situaciones que están encontrando los propios viticultores. Se trata de una ley que no define el precio justo y digno de producción de los viticultores; además, si el agricultor cubre el coste de producción pero no le queda margen para garantizar la subsistencia de sus explotaciones, la ley no le ampara”, ha detallado Martínez Arregui, por lo que “está claro que hay que trabajar por una reforma de la ley y tengan la seguridad de que, mientras se modifica, este Gobierno seguirá haciendo su trabajo por el cumplimiento de la ley”, ha concluido la portavoz.
