El PSOE es el partido menos indicado para exigir la aplicación de códigos éticos en política.
La delegación riojana del mismo partido que tiene en prisión a su último secretario de organización por su “papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes en la trama que investiga el cobro de comisiones a partir de la adjudicación de obras públicas a distintas empresas”, según un auto del Tribunal Supremo, ha comparecido este miércoles ante los medios regionales para, sin ningún tipo de rubor, demandar al Ejecutivo regional el cumplimiento del Código Ético que regula a los miembros del Gobierno, cargos públicos y personal eventual de la Administración General de la CAR.
Un código que fue aprobado por primera vez en el año 2015 por un Ejecutivo regional del Partido Popular y que, posteriormente, fue modificado en el año 2022 con la tránsfuga Raquel Romero como consejera del nefasto Gobierno de coalición PSOE-Podemos.
Todos los riojanos recuerdan que aquella innecesaria consejería fue tan solo una moneda de cambio por el apoyo de Podemos a Concha Andreu, sin competencias propias y que supuso un gasto de medio millón de euros más al año, procedente del bolsillo de todos los contribuyentes, para pagar altos cargos y personal de confianza.
Que un diputado regional del PSOE pida hoy el cumplimiento de un código ético que su partido obvió mientras estuvo al frente del Gobierno regional, no solo resulta ridículo, sino también irresponsable por cuanto la iniciativa surge de quien comparte siglas con personajes de la talla de Cerdán, Ábalos, Koldo o Leire Díez, inmersos en una supuesta trama que mezcla las mordidas, la malversación de caudales públicos y presuntas comisiones irregulares en obras que también afectan a La Rioja, con lo más sórdido de la prostitución y el machismo más recalcitrante.
