En contra de lo que este viernes ha asegurado el PSOE regional con el único propósito de intentar calumniar al Gobierno, la decisión adoptada por el Ejecutivo regional de repetir la primera prueba tras constatarse la imposibilidad de que el examen pudiese ser completado a tiempo, está apoyada por fundamentos jurídicos y, además, cuenta con precedentes de la jurisprudencia.
De hecho, en nuestro país se han dado casos en que los tribunales han ordenado repetir ejercicios cuando se demuestra una irregularidad sustancial por diversos motivos como filtraciones de temario, errores en preguntas o correcciones, condiciones desiguales entre sedes o aulas, tribunales mal constituidos o con incompatibilidades, o incumplimiento de las bases del proceso, que es, precisamente, lo detectado en esta ocasión, al no corresponderse la extensión del cuestionario con el tiempo del que dispusieron los alumnos para responder a todas las preguntas.
Antes de lanzarse a proferir acusaciones de tan grueso calibre, la diputada Somalo debería saber que, en España, la repetición de un ejercicio de oposición por parte de una Comunidad Autónoma no obedece a una decisión discrecional, sino que solo puede acordarse por causas objetivas y justificadas, generalmente relacionadas con la validez, la igualdad o la transparencia del proceso selectivo. Y el hecho que ha llevado a adoptar la repetición de esta prueba afecta directamente a las bases de la convocatoria.
A diferencia del PSOE, que busca cualquier pretexto, por infundado que sea, para atacar al Gobierno regional, en el Partido Popular somos conscientes del esfuerzo que supone para los opositores preparar este tipo de pruebas. Por lo que no podemos entender la instrumentalización del caso y sus afectados por parte de una diputada socialista, con fines exclusivamente partidistas.
